¿Son suficientes las últimas reformas para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones?
Según el análisis publicado por el Instituto de Actuarios Españoles sobre el estado del sistema de pensiones en nuestro país, las reformas llevadas a cabo en 2021 y 2023 no han sido suficientes para frenar el creciente desequilibrio entre las contribuciones realizadas durante la vida laboral y las prestaciones percibidas en la jubilación.
Este desajuste se mide a través del Factor de Equidad Actuarial (FdEA), un indicador que, cuando supera el valor de 1, refleja un sistema de pensiones generoso en el que las prestaciones superan a las cotizaciones individuales. En los últimos cinco años, este indicador ha empeorado significativamente, pasando de 1,55 en 2020 a 1,62 en 2025, con una proyección alarmante de 2,14 para 2045 y 2,20 en 2065. Estos datos evidencian una creciente presión sobre la sostenibilidad del sistema, lo que podría derivar en un mayor esfuerzo financiero por parte del Estado o en la necesidad de reformas estructurales de gran calado.
¿Qué condiciona la sostenibilidad?
El análisis del IAE destaca que las principales dificultades para la sostenibilidad actuarial de las pensiones no están exclusivamente ligadas al propio sistema, sino que dependen en gran medida de dos factores externos. Factores como un menor crecimiento económico futuro, que reduce la capacidad del sistema para generar ingresos suficientes a través de las cotizaciones. Y también el incremento de la esperanza de vida, que prolonga la duración de las prestaciones sin un ajuste proporcional en las contribuciones.
Las reformas de 2021 y 2023 no han logrado compensar estos efectos, lo que pone de manifiesto la necesidad de ajustes más profundos para garantizar la viabilidad del mo, según refiere el mencionado análisis.
Impacto en la equidad del sistema
A pesar de las deficiencias en términos de sostenibilidad, el informe reconoce que las reformas implementadas han mejorado ciertos aspectos de la equidad del sistema. En particular, destacan dos medidas, el aumento de la edad ordinaria de jubilación, y la penalización de las carreras laborales más cortas, mediante un ajuste en el cálculo de las pensiones.
Estos cambios han reducido la disparidad en la distribución de las prestaciones entre distintos perfiles de trabajadores, aunque sin resolver el problema estructural de sostenibilidad.
Según Gregorio Gil de Rozas, director del Observatorio Actuarial de Previsión Social del IAE, aunque las reformas recientes han intentado corregir el desequilibrio del FdEA, sus efectos han sido insuficientes. “Si bien han reducido la generosidad del modelo en algunos casos, no han logrado contrarrestar el impacto del envejecimiento y el menor crecimiento económico esperado”, explica.
Por su parte, Enrique Devesa, coordinador técnico del Observatorio, destaca la necesidad de incluir mecanismos de ajuste automático que permitan adaptar el sistema a las variaciones en el crecimiento económico y la esperanza de vida, siguiendo el ejemplo de otros países europeos. En la misma línea, Robert Meneu, también coordinador técnico del Observatorio, advierte que sin estos ajustes, el sistema de pensiones dependerá cada vez más de transferencias estatales para mantener su nivel de generosidad.
El IAE enfatiza que la publicación periódica de indicadores como el FdEA, junto con la implementación de mecanismos automáticos de reequilibrio, contribuiría a dotar al sistema de mayor transparencia y corresponsabilidad social. Esto permitiría preservar los principios fundamentales del sistema de pensiones dentro de un marco de consenso sostenible a largo plazo.
