De producirse la reducción de la jornada laboral, la atención a la dependencia estaría «en peligro».
Así lo manifiestan las principales patronales de atención a la dependencia de nuestro país, Aeste, Asade, Ceaps, FED y Lares. Organizaciones que expresan su «profunda preocupación ante la que parece inminente aprobación de una nueva normativa en materia de jornada laboral». La reducción, de ser aprobada en los términos planteados públicamente, traería consigo una serie de impactos «muy negativos en un sector esencial que ya se enfrenta a una financiación insuficiente y a grandes retos en la gestión de sus profesionales, en cuanto número y cualificación adecuada se refiere», aseguran.
En primer lugar, subrayan el grave problema que representa la escasez de profesionales cualificados en nuestro sector. La disminución de la jornada laboral, sin un plan de contingencia adecuado, acentuará aún más esta delicada situación. Actualmente, las entidades de la dependencia ya afrontan serias dificultades para encontrar y retener profesionales cualificados.
También es importante destacar que la implementación de esta normativa implicará un inevitable incremento de los costes de los servicios. El sector, caracterizado por su intensa demanda de personas, se verá obligado a aumentar sus plantillas para mantener la atención. «Lo que supondrá una carga económica adicional inasumible para nuestras entidades», reconocen.
Y recuendan, en este punto, que se trata de un sector que opera de manera muy significativa bajo un modelo de gestión indirecta en el ámbito público. Esto, unido a la ley de desindexación, que impide la revisión de los precios de los contratos durante la vigencia de estos, «nos sitúa en una posición particularmente vulnerable, que ahoga presupuestariamente los servicios públicos de gestión indirecta impidiendo la adecuación del precio del servicio a esta nueva realidad normativa», señalan.
Jornada laboral y negociación colectiva
Por último, destacan que la jornada es una materia central de la negociación colectiva, por lo que «entendemos que esta decisión invade competencias que son propias del ámbito de la negociación».
En conclusión, las patronales del sector instan a las autoridades competentes a reconsiderar la implementación unilateral de esta normativa y a dialogar con todos los agentes sociales y patronales para encontrar soluciones que no comprometan la sostenibilidad de los servicios de atención a la dependencia.
Además, «consideramos fundamental que cualquier modificación normativa venga acompañada de un período razonable de transición y de la flexibilidad suficiente en la gestión de los tiempos de trabajo para poder responder adecuadamente a las singularidades de nuestro sector», explican las patronales.
Es imprescindible que se tengan en cuenta las «necesidades específicas de nuestro sector» para evitar consecuencias adversas que afecten tanto a las personas atendidas como a las entidades prestadoras de cuidados.
