Hoy, el Consejo de Ministros ha a aprobado 731 millones de euros de los fondos europeos dedicados a transformar y mejorar el sistema de cuidados en nuestro país. Un modelo que apuesta por la atención domiciliaria frente a la residencial y que incide, de forma clara, en la accesibilidad universal. Esta inyección económica que busca fomentar un nuevo modelo de atención domiciliaria, sector en que se generarán empleos de calidad.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que se trata «de un tema que tiene un enorme calado para nuestro país, después de un año tan difícil de pandemia. Seguramente uno de los aprendizajes que hemos podido extraer de esta crisis es que nuestro país necesita una transformación profunda de los cuidados que ofrecemos a las personas mayores y a las personas en situación de dependencia«.
El Real Decreto prevé destinar 482,4 millones de euros para fomentar un modelo de atención a las personas en situación de dependencia para facilitar que puedan seguir viviendo en sus domicilios, recibiendo la atención que necesiten. dependientes que les permita vivir en sus casas, dándoles la atención necesaria para ello. La ministra ha señalado que los cambios en el modelo de atención, pasan por conseguir que las residencias «sean lo más parecido a un domicilio, más pequeñas, con un personal más estable».
31,5 millones de euros se invertirán en conseguir la accesibilidad universal, a través del Plan España Accesible. En este ámbito se trabajará para adecuar los espacios físicos, transporte público y la mejora de los canales de comunicación con las administraciones públicas.
Y, finalmente, 216,9 millones se invertirán en reformar el modelo de atención a la infancia, invirtiendo en la mejora de centros residenciales que garanticen su bienestar, y en la modernización tecnológica de los servicios sociales, su digitalización y mejora de su funcionamiento.
La financiación del proyecto está ligada a los 26.634 millones de euros de adelanto de los Fondos Europeos Next Generation que recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.
Ahora el reparto de los fondos entre comunidades y ciudades autónomas se concretará próximamente en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
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